CEQA Fue Escrita para Proteger Comunidades, No para Extorsionarlas

La Ley de Calidad Ambiental de California — CEQA — fue promulgada en 1970 con un propósito claro: requerir que las agencias estatales y locales identifiquen y mitiguen los impactos ambientales significativos de sus decisiones de aprobación. La ley fue diseñada para garantizar que las decisiones gubernamentales que afectan al medio ambiente se tomen con información adecuada sobre esos impactos, y que se implementen medidas de mitigación factibles cuando se identifican impactos significativos.

Ese era el diseño. La operación ha evolucionado hacia algo que los redactores no anticiparon: una herramienta de litigación disponible para cualquier parte dispuesta a presentar una petición, independientemente de si su interés real es la protección ambiental.

La Demanda de $83 Millones

Según la demanda federal de derechos civiles, Centro Climatico del Valle y sus directivos exigieron $83 millones de Controlled Thermal Resources como precio para retirar la oposición al proyecto Hell’s Kitchen y al IVDC asociado. La demanda no fue presentada como una liquidación de daños ambientales específicos. Fue presentada como compensación por el acuerdo de las organizaciones de no continuar organizando y litigando contra el proyecto — que es la estructura del greenmail, no de la defensa ambiental legítima.

CEQA fue escrita para proteger a las comunidades de daños ambientales. No fue escrita para dar a los grupos de defensa el poder de exigir decenas de millones de dólares de los desarrolladores a cambio de no ejercer ese poder. Cuando una organización usa CEQA de esa manera — como mecanismo de extracción financiera en lugar de como herramienta de protección ambiental — traiciona el propósito de la ley y daña las comunidades que la ley fue diseñada para servir.

Quién Paga el Precio

El precio del abuso de CEQA en el caso del IVDC lo pagan los trabajadores del Valle Imperial que habrían tenido los 1,688 empleos de construcción, los distritos escolares que habrían recibido $28.75 millones anuales en ingresos fiscales, y las familias que habrían tenido acceso a los empleos operativos permanentes que el centro de datos habría proporcionado. El abuso de CEQA no es un costo abstracto para el sistema legal. Es un costo concreto para personas reales en una de las comunidades más económicamente vulnerables de California.

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